Viabilidad de la extinción de dominio en salvaguardia del derecho de propiedad, debido proceso y presunción de inocencia

Abstract

La presente investigación aborda la problemática de la extinción de dominio en el ordenamiento jurídico peruano, institución que, aunque concebida como un mecanismo de política criminal orientado a la recuperación de bienes de origen ilícito, plantea serias tensiones con derechos fundamentales como la propiedad, el debido proceso y la presunción de inocencia. La línea de investigación se enmarca en el Derecho Constitucional y Procesal, con especial atención a la interacción entre el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia comparada y la normativa interna (Decreto Legislativo N.° 1373 y sus reformas). El trabajo parte de la premisa de que la viabilidad de la extinción de dominio no depende únicamente de su eficacia en la lucha contra la criminalidad organizada, sino de su compatibilidad con las garantías constitucionales que tutelan a las personas frente al poder punitivo del Estado. El objetivo principal de la tesis es demostrar que la extinción de dominio puede configurarse como un mecanismo constitucionalmente válido en el Perú, siempre que se interprete y aplique bajo estándares estrictos de protección de derechos fundamentales. Se busca, por tanto, analizar si la legislación vigente y su aplicación judicial respetan las exigencias del bloque de constitucionalidad y las garantías mínimas de las personas afectadas. La metodología utilizada es cualitativa, de carácter dogmático–hermenéutico, apoyada en el análisis de doctrina nacional e internacional, jurisprudencia constitucional y supranacional, así como en la revisión de instrumentos internacionales en materia de lucha contra el crimen organizado y recuperación de activos. Se complementa con una perspectiva comparada, examinando experiencias de países latinoamericanos que han adoptado figuras semejantes. La conclusión principal es que la extinción de dominio resulta viable dentro del marco constitucional peruano, pero exige límites claros: su desvinculación de la sanción penal, consolidándola como una acción de naturaleza autónoma relativa; la incorporación de estándares reforzados de debido proceso, en especial respecto de la carga de la prueba y el derecho de defensa; y la afirmación de la presunción de inocencia como principio rector en la afectación patrimonial. Solo mediante esta interpretación garantista puede evitarse que la extinción de dominio se convierta en una herramienta desproporcionada que erosione la seguridad jurídica y el núcleo esencial de los derechos fundamentales.