Análisis constitucional de la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública en los procedimientos de selección de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, 2024

Abstract

La presente investigación desarrolla un análisis constitucional de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública en los procedimientos de selección de contrataciones de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto durante el año 2024, con especial énfasis en aquellos declarados nulos. El estudio parte de la constatación de una deficiencia estructural: la omisión de registrar y difundir dichas nulidades en los mecanismos oficiales de rendición de cuentas y en los portales de transparencia, lo que obstaculiza el control ciudadano y debilita la supervisión de la legalidad de las decisiones municipales. Metodológicamente, se adopta un enfoque cualitativo de carácter descriptivo–explicativo, sustentado en un estudio de caso que abarca el análisis documental de 12 expedientes de contratación pública declarados nulos y entrevistas a 7 especialistas en procedimientos de selección. Esta metodología permite identificar patrones, causas y prácticas administrativas que afectan la publicidad de las decisiones, así como contrastar la actuación municipal con el marco constitucional, la normativa vigente y estándares internacionales de gobernanza. El análisis se enmarca en la transición normativa entre la Ley N.º 30225, derogada en abril de 2025, y la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, dado que, la ausencia de criterios uniformes, de un sistema automatizado de seguimiento y de directrices claras para la publicación de las nulidades no solo limita el acceso a la información, sino que compromete la legitimidad institucional, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la confianza ciudadana. Finalmente, se proponen lineamientos técnicos y jurídicos para fortalecer la transparencia, estandarizar la rendición de cuentas y optimizar el acceso a la información pública en el ámbito municipal, con un doble propósito: garantizar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y prevenir escenarios que puedan dar lugar a arbitrariedades o prácticas contrarias a la probidad administrativa.