La inadecuada aplicación del Código Penal Militar Policial a los miembros de la Policía Nacional del Perú, por la naturaleza de la función diferente a las fuerzas armadas y la vulneración al debido proceso en las investigaciones administrativas en el valle de los ríos Apurímac y Ene año – 2024

Abstract

La investigación analiza la inadecuada aplicación del Código Penal Militar Policial a miembros de la Policía Nacional del Perú, especialmente en zonas como Pichari, VRAEM, donde la función policial difiere de la militar. Se evidencia que el código no contempla la naturaleza específica de las labores policiales, generando vulneraciones al debido proceso en investigaciones administrativas, en la entrevista realizada con preguntas específicas a los operadores de justicia militar, efectivos policiales, que prestan servicios en el distrito de Pichari zona declarada en Estado de Emergencia, se identificó porque la Policía Nacional del Perú, está sometida a la administración de justicia militar, en vista que el Código Penal Militar Policial no toma en cuenta las funciones que realiza en el distrito de Pichari, una zona donde no hay presencia del estado (agricultura, salud y educación), donde la población se dedica al cultivo de la hoja de coca con influencia al narcotráfico, donde la Policía tiene la función y responsabilidad del resguardo del Orden Interno. Siendo la investigación cualitativo con el diseño participativo, teniendo conocimiento in situ el rol de la Policía en el VRAEM y Código Penal Militar Policial, se identificaron el incumplimiento de la función policial en el ejercicio de su función, desarrollándose un mapeo, las mismas que permitieron elaborar el cuestionario de preguntas, en vista que las Fuerzas Armadas contribuyen a la seguridad y garantizan la integridad territorial, en defensa del suelo, aire y marítimo, de la soberanía interna. Se concluye que los delitos de función no deben aplicarse igual a policías y militares, y que la justicia militar no debe intervenir en faltas administrativas policiales, pues ello afecta derechos y la correcta administración de justicia, recomendando la diferenciación normativa correspondiente.